Sólo puede calificarse de intolerable que trabajadoras y trabajadores públicos de la Escuela de Hostelería de Cádiz lleven, otra vez, para cinco meses sin cobrar por su trabajo. Que hayan vivido todo el curso anterior con atrasos de muchos meses en el cobro, recibiendo sólo, cuando a alguien se le antojase, alguna cantidad, no diré que a cuenta porque sólo mencionarlo me parece un escarnio. Ese cobro depende de alguien en la Junta de Andalucía, uno o varios, que no sólo ha hecho muy mal su trabajo de planificación sino que demuestran un absoluto desprecio hacia quienes trabajan para vivir. En esta Junta de Andalucía hay un gobierno que ha sido elegido para realizar políticas que potencien el sector público como motor de la economía; un gobierno con un programa que habla de la defensa y el mantenimiento de los derechos sociales conseguidos; un gobierno con una tradición histórica de amparo de los trabajadores. Todo eso se traiciona en este caso. No sé si por desidia o por creerlo un problema menor, uno o varios gerifaltes de esa cadena de responsables políticos piensa que alguien puede vivir con dignidad varios meses sin cobrar, esperando que su transferencia cumpla los perezosos trámites de la burocracia. O que lo que debería ser una planificación de la formación a muchos años se quede en batalla a librar, cada año en cada presupuesto. Nadie se disculpa siquiera, nadie reconoce que ese personal que no cobra tiene razón para angustiarse. No soy imparcial. Tengo amigos dentro que han renegociado hipotecas y recibos, aún sabiendo que nadie va a pagarles luego esos intereses; que vieron como los bancos se quedaron, de deudas, casi entero el “anticipo” de junio, sobre lo que no llevaban cobrado hasta entonces; que sobreviven con ayudas de las familias; que no pueden hacer plan de vida alguno, ni siquiera buscar –qué sarcasmo, en estos tiempos- otro trabajo, porque si no asisten cada día al lugar donde no cobran por trabajar, la legislación laboral consideraría procedente su despido. En esas condiciones, sus derechos sociales o el amparo público que merecen son papel mojado. Y si siguen ahí es porque dignidad les sobra.
Como sobra demagogia ahora. No es cierto que la también muy prestigiosa Escuela de Málaga “La Cónsula” haya resuelto su problema, como dice una diputada del PP, porque el Consejero es malagueño. No se trata de enfrentar a trabajadores de una provincia contra otra. Sino de unir la fuerza de toda la hostelería andaluza. Luciano Alonso llega al cargo en septiembre y La Cónsula recibió su subvención a principios de julio. Y tampoco esa Escuela sabe aún cuando abrirá hasta tanto no se resuelva “su planificación formativa orientada a la empleabilidad homogeneizada”, que si cito aquí la retórica del Delegado de la Junta en Málaga es para evidenciar que el respeto que merecen trabajadores y alumnado empieza por hablarles claro. Pero sí hay algo que tenemos que conseguir en Cádiz: el mismo apoyo social que tiene la causa de la Escuela en Málaga. Antiguos alumnos, hoy en la alta cocina internacional, inundaron las redes sociales o colgaron carteles en sus propios restaurantes; la prensa local se implicó; la misma opinión pública la defiende todavía como se protege una industria propia, la del turismo. No se puede pretender que el turismo sea el gran motor de nuestra economía y descuidar la formación de sus profesionales. La diferenciación con otros destinos turísticos más baratos está en el prestigio que da esa buena formación; incluso hablando en términos exclusivamente de mercado ya que los humanistas, visto lo visto, no parecen importar mucho a quienes deciden todo esto. Sin solventes profesionales en las cocinas y en las salas de restaurantes y hoteles no habrá industria turística. La escuela es el cimiento de todo. Así de simple.
Manuel J. Ruiz Torres